Tiempos políticos

Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, está en franca confrontación con el gobierno federal. Se entiende y se respeta. Una parte fundamental de una democracia es que los gobiernos que surgen de partidos distintos tengan discrepancias abiertas. Y Javier Corral es panista mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto es priista.

Corral afirma que el gobierno federal lo está castigando por estar investigando un presunto desvío millonario de recursos al PRI durante el gobierno de su predecesor, César Duarte. Corral hizo campaña en 2015 prometiendo que metería en la cárcel a Duarte. Desde que asumió el cargo ha presentado una amplia serie de acusaciones en contra de su predecesor y ha encarcelado también al ex secretario general adjunto del PRI federal, Alejandro Gutiérrez, un hombre muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, a quien acusa de haber sido el operador de los desvíos de dinero al partido.

Gutiérrez, coahuilense, fue detenido y trasladado a Chihuahua, donde está siendo sometido a proceso. El caso en su contra se basa en declaraciones de testigos beneficiados por la Fiscalía de Chihuahua. Gutiérrez, por otra parte, ha declarado que ha sido sometido a torturas y presiones para convertirlo en testigo de la fiscalía y que involucre a otros personajes más elevados en la estructura del PRI y del gobierno. El gobierno de Chihuahua ha afirmado que la federación le está reteniendo dinero como castigo por sus investigaciones sobre los desvíos de dinero del PRI. La Secretaría de Hacienda lo niega y dice que le ha dado a Chihuahua lo presupuestado y más todavía.

Corral ha lanzado una marcha de protesta hacia la Ciudad de México. Son tiempos políticos, aunque un gobernador debería dedicarse más a gobernar que a hacer política. La respuesta del nuevo secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, es: hay que sentarse a negociar.

El problema es que en una reunión entre Navarrete Prida y Corral se lograron acuerdos que los dos han interpretado de forma distinta. Dice Corral que él estuvo dispuesto a trasladar a Gutiérrez a una prisión federal de Ciudad Juárez, desde la cárcel estatal en la ciudad de Chihuahua en la que está actualmente recluido, pero a cambio de que Gutiérrez se retractara de sus acusaciones de tortura y que la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, la Fepade, se comprometiera a no atraer el caso de los desvíos al PRI. El secretario de gobernación ha negado que hubiera hecho estos compromisos, los cuales, de hecho, no estarían legalmente a su alcance.

Son tiempos políticos, pero la ley no se puede violar ni siquiera en estos tiempos. Si hubo un desvío de recursos presupuestarios al PRI, la falta se debe castigar, pero los testimonios de testigos beneficiados son siempre dudosos: se necesitan pruebas concretas. La Fepade es, por otra parte, el órgano creado para investigar delitos electorales. La Secretaría de Hacienda no tiene derecho a retener dinero a los estados por razones políticas. El gobierno de Chihuahua puede presentar acusaciones en contra de Gutiérrez, pero no a presionarlo o a torturarlo. Si las acusaciones de tortura son falsas, habrá que demostrarlo, pero un gobierno no puede exigir a un reo a que renuncie a sus derechos individuales, por ejemplo a denunciar tratos que considera indebidos.

Son tiempos políticos y hay que tomar muchas informaciones con un toque de escepticismo. Lo peor de todo es ni siquiera han empezado las campañas.

Twitter: @SergioSarmiento

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