Sergio Sarmiento

Jaque Mate
25 Feb. 10

"En el sistema burocrático el trabajo sin utilidad desplaza al trabajo útil".
Milton Friedman
 
 
Parecería que a los burócratas mexicanos se les paga para impedir que los consumidores tengan acceso a más servicios. La decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de ordenar la cancelación del servicio de Hi-TV de TV Azteca (aclaración de interés, yo colaboro con esta empresa) parece tener el único propósito de disminuir las opciones en televisión con las que cuentan los mexicanos.

Hi-TV es un ejemplo de los beneficios que la tecnología puede aportar a los consumidores. En el mismo ancho de banda en el que se transmite un canal de televisión de alta definición, a través de un proceso de compactación de señales, se emiten todos los canales de televisión abierta con calidad digital además de otros canales adicionales. El valor agregado para los televidentes es enorme.

Si viviéramos en un país más sensato, la autoridad estaría promoviendo que las inversiones en tecnología ofrecieran mayores servicios a los usuarios. Pero en México prevalece la ley del burócrata. Aquí todo está prohibido. Y si el burócrata autoriza algo, lo hace de manera que pueda limitar la libre competencia y los servicios al consumidor.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Cofetel, trató en un principio de impedir la prestación del servicio de Hi-TV. Argumentó que éste no era gratuito debido a que requería de un convertidor, por lo que la empresa necesitaba una modificación de la concesión original que era sólo para televisión gratuita. Sin embargo, después de ver televisores en el mercado que ya vienen equipados de fábrica con esos convertidores, y convencerse de que los receptores tradicionales también necesitan de equipos especiales que deben comprarse aparte, por ejemplo, antenas, el pleno de la Cofetel votó en diciembre por aprobar el servicio.

La SCT, sin embargo, no quiso aceptar el fallo de la Cofetel. Recurrió para ello a una excusa curiosa: determinó que la transmisión de estos canales de televisión no constituye un servicio de radiodifusión, ya que los tribunales le han dado la responsabilidad sobre la radiodifusión a la Cofetel, sino de "telecomunicaciones". Procedió así a multar a TV Azteca y, más importante, a prohibir el servicio.

No fue ésta la única medida cuestionable que dio a conocer la SCT este pasado 23 de febrero. Anunció también su decisión de no renovar las concesiones de los canales 46 de Cablevisión, filial de Televisa, y 52 de MVS. Si bien la SCT afirma que las peticiones de renovación se promovieron extemporáneamente, de manera extraoficial se ofrecen otras explicaciones. El canal 46, cuya concesión se mantuvo en secreto durante años, no ha sido utilizado y ha servido sólo para evitar el surgimiento de competencia para Televisa. Sin embargo, MVS (yo colaboro con GRC, empresa que compite con ésta) ha cumplido a cabalidad con los términos de su concesión. No renovarla es una pésima señal. Implica que las autoridades están actuando de manera discrecional en la renovación de las concesiones, lo cual es un riesgo enorme para la industria de la comunicación y para la libertad de expresión.

En otros países del mundo, más libres y progresistas, la autoridad busca promover la tecnología y la innovación, así como la certeza en la renovación de concesiones. En México, sin embargo, nuestros burócratas avanzan en sentido contrario.

 
 
El 'demócrata'
 
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha buscado presentarse como defensor de la democracia. Por eso protegió al ex presidente hondureño Manuel Zelaya en su embajada en Tegucigalpa y por eso se ha negado a reconocer al nuevo mandatario, Porfirio Lobo, electo democráticamente. Eso no le ha impedido, sin embargo, visitar Cuba y alabar al régimen castrista, el cual nunca ha tenido elecciones libres. Lo hiriente es que lo hizo el mismo día en que uno de los presos políticos del país, Orlando Zapata, murió tras una huelga de hambre de 83 días.