El gobierno de la República ha asestado en estos últimos meses una serie de golpes contundentes contra líderes relevantes del narcotráfico. La detención de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, el 30 de agosto, es importante, como lo han sido también las muertes de Nacho Coronel y Arturo Beltrán Leyva en los meses pasados. No pueden regateársele al gobierno federal estos triunfos.

Si los avances en la lucha contra el crimen organizado se midieran por el número de capos muertos o capturados, México podría estar levantando ya las banderas de la victoria. El problema es que ésta es una guerra que no se gana simplemente con la muerte o captura de dirigentes de bandas. De hecho, si la experiencia de estos últimos años nos dice algo es que cada muerte o captura de un capo abrirá las puertas a una nueva explosión de violencia.

Es natural. Las desapariciones de líderes no eliminan ni la demanda por la droga ni su producción. Simplemente generan vacíos de poder que, en un negocio tan rentable como éste, producen violentas batallas entre las nuevas generaciones de narcotraficantes.

¿Qué tiene el presidente Calderón contra los tijuanenses? La pregunta me la hace un empresario a quien respeto y aprecio. Su inquietud dista de ser una simple expresión de paranoia. Las políticas del gobierno federal parecen, efectivamente, diseñadas para destruir la economía de Tijuana y de las demás zonas fronterizas del país.

La restricción a los depósitos en dólares en bancos ha sido la gota que ha colmado el vaso de lo que se percibe como una campaña del gobierno federal contra las empresas y los residentes de la frontera. Limitar a 7,000 dólares para compañías y 4,000 para personas físicas los depósitos mensuales en efectivo que se pueden hacer en los bancos mexicanos, en una economía en la que gasolineras, supermercados, farmacias, médicos y hasta casetas de autopistas reciben constantemente pagos en dólares, equivale a pegarle un golpe más a una economía ya maltrecha.

Las buenas conciencias están más irritadas que nunca. No les interesa la muerte de 72 indocumentados en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, ni la petición del IFE por un presupuesto de 10,499 millones de pesos de dinero de los contribuyentes, un aumento de 21 por ciento sobre el nivel de 2010. No, lo que les inquieta es que Celia Lora haya quedado en libertad sustitutiva de una condena de cuatro años por homicidio culposo agravado después de 110 días de cárcel.

Celia Lora sin duda cometió una falta. El 7 de mayo perdió el control de su vehículo y tuvo un accidente que le costó la vida a un padre de familia, Pedro Ávalos Corona. Ella misma ha reconocido que había bebido, a pesar de que no se le hicieron las pruebas pertinentes a tiempo. La juez 30 penal del reclusorio sur, Celia Marín Sazaki, bajó la pena de cuatro años y nueve meses a cuatro años, lo cual le permite gozar de libertad condicional. ¿Las razones? Ella no fue la única responsable del accidente (otro vehículo estuvo involucrado) y los Lora han pagado una indemnización a la familia del fallecido que rebasa ampliamente lo que dicta la ley.

Me imagino que no se pudo aguantar. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, visitó este miércoles 25 de agosto la feria del pan en el World Trade Center y al encontrar unos huevos los tomó y los mostró a las cámaras: "Para que los vea Sandoval", dijo.

Ebrard consiguió, es verdad, arrancar algunas sonrisas de los incondicionales que lo acompañaban, lo cual me imagino no es un mal resultado. Pero me pregunto si al final esas risas no le saldrán muy caras.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México asumió una difícil batalla frente a la opinión pública hace unos días cuando decidió demandar por daño moral al cardenal Juan Sandoval Íñiguez. El pueblo mexicano sigue siendo profundamente católico. Dificulta la posición de Ebrard el hecho de que está defendiendo la ley del matrimonio entre homosexuales y su derecho a adoptar niños, que no son precisamente las causas más populares en el país.

Lo primero que hace un secuestrador al capturar a una víctima es llevárselo al municipio o al estado vecino. La razón es muy sencilla. Cuando en nuestro país el delito se mueve de un municipio o de un estado al siguiente las posibilidades de que se registre una acción policial exitosa se reducen de manera dramática.

De por sí las policías en nuestro país son de muy lenta reacción y muy poca eficacia. Lo más común es que lleguen tarde a la escena de un delito aun cuando se haya registrado un aviso a tiempo. Si además deben coordinar sus acciones con cuerpos policiales, jueces o ministerios públicos de otros municipios o entidades, su reacción se vuelve todavía más torpe y desorganizada.